FERNANDO FERNÁNDEZ DUVAL
Como verdad de Perogrullo, la constitución es un reflejo de la organización política y jurídica de un país y es la tonada del nivel de desarrollo alcanzado. Además, refleja la correlación de fuerzas políticas, económicas y sociales que interactúan en ese país. La constitución balaguerista de 1966, al concentrar tanto poder en manos del presidente de la república, reflejaba el dominio del jefe del estado con características dictatoriales, lo que le permitió al presidente Balaguer gobernar como un monarca en el Caribe, inicialmente durante doce años entre 1966 y 1978 y después de dos malas gestiones de gobiernos del PRD.
La reforma que posteriormente se le hizo al texto constitucional en 1994, fue el resultado de una crisis política severa a raíz del fraude electoral cometido por la fuerzas del balaguerismo para quedarse en el poder contra el candidato del PRD, el doctor José Francisco Peña Gómez, quien había asegurado que le habían arrebatado las elecciones.
Esa reforma abarcó solamente la prohibición de la reelección, la limitación del período del presidente Balaguer a dos años de ejercicio de 1994 a 1996, la celebración de las elecciones presidenciales a dos vueltas y la separación de las elecciones congresuales y municipales de las presidenciales.
En el año 2001 se volvió hacer otra reforma y atendió solo al deseo del presidente Hipólito Mejía de reelegirse por un segundo período, eliminando el nunca jamás de la reforma de 1994 e imponiendo a la carta magna la reelección solamente por un período consecutivo.
La reforma que promovió el presidente Fernández en la población dominicana y la que actualmente se está conociendo en el congreso nacional en su calidad de asamblea revisora, son dos piezas diferentes, ya que la que está en discusión, al parecer, pretende establecer el control de los dos partidos mayoritarios sobre las instituciones del estado con el beneplácito de la iglesia Católica, especialmente de su excelencia revenidísima, Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez y la cúpula del empresariado dominicano del CONEP, los cuales han sido beneficiados en demasía con dicha reforma, a pesar de que el presidente Fernández prometió una constitución moderna ajustada a los nuevos tiempos, es decir, una constitución que consagraría los derechos de segunda, tercera y cuarta generación, que son en el orden cronológico de su aparición los que preservan los derechos colectivos económicos y sociales,como por ejemplo: al medio ambiente, a la tecnología, a la biotecnología y al consumo, a diferencia de los derechos de primera generación que son prácticamente políticos e individuales como los derechos humanos y civiles, al voto, al libre tránsito, a la expresión del pensamiento, etc..
En ese sentido, el presidente Fernández convocó a su estilo a una consulta nacional y esa consulta aprobó la realización de un plebiscito para reformar dicha constitución. En lugar del plebiscito, se formó una comisión integrada por los más granados constitucionalistas y especialistas en las ciencias sociales que tiene el país, para que recogieran en un texto las ideas que tenía la población acerca de su próxima constitución, así mismo, para que aportaran su docto conocimiento a la nueva constitución y redactaran su nuevo contenido que sería sometido a la asamblea revisora, con lo cual se dio una muy buena señal de la constitución que se quería aprobar en tiempos eufemísticamente de postmodernidad.
Al día de hoy, sin embargo, esa constitución, que el presidente Fernández prometió al país que iba a ser moderna, no lo será de cualquier manera, ya que la introducción del artículo 30 en el que se introduce la penalización del aborto cercena una de las conquistas más celebradas en las sociedades modernas por las implicaciones científicas, éticas y sociales, incluso en un país como España que tiene un estado parcialmente confesional y que desoyó la posición radical de la iglesia Católica que presionaba a las autoridades legislativas y ejecutivas para que se aprobara la penalización del aborto.
Otro tema aprobado por la asamblea nacional y que echa por la borda la promesa de la constitución moderna, es la conculcación de libertades individuales reconocidas en la mayoría de los textos constitucionales modernos pertenecientes a los derechos de primera generación, ya que las personas físicas no podrán recurrir ante la sala constitucional a someter cualquier caso de inconstitucionalidad, reconociéndole prácticamente ese derecho al presidente de la república y a los presidentes de las cámaras legislativas, siempre y cuando se vean directamente afectados por los alegados actos de inconstitucionalidad.
En ese mismo orden, contrario a lo que ocurre con las constituciones modernas que limitan el presidencialismo y promueven el equilibrio de fuerzas en el ejercicio del poder, mediante la distribución proporcional de dichos poderes, en República Dominicana la nueva constitución va a continuar asignándole al presidente de la república la facultad de someter las ternas correspondientes al senado de la república para que designe a los miembros de la cámara de cuenta que tiene la misión de supervisar el manejo y uso de fondos públicos del erario. Así mismo, el presidente de la república designaría a los miembros del ministerio público, con lo cual seguirá inmiscuyéndose en la justicia, como ocurrió en la constitución balaguerista de 1966 y que arrastramos todavía desde las reformas acontecidas en 199 y 2001.
El tema de los recursos naturales, que espanta cualquier asomo de modernidad y de soberanía, porque conculca derechos de cuarta generación e individuales consagrados incluso en la constitución balaguerista de 1966, es el que se refiere al uso de las playas dominicanas por parte de la población, que aunque expresamente el nuevo texto constitucional reconocerá como de dominio público, sin embargo, lo condiciona a la preservación y respeto a la inversión privada realizada en esos lugares.
Finalmente, el presidente Fernández se dispuso a reformar la constitución dominicana y casi lo está logrando colocándose a la derecha del espectro político dominicano con el apoyo del presidente del PRD, el empresario Miguel Vargas Maldonado y los legisladores de ese partido y el reformista. Pero esa constitución, como se ve, será el diseño de un país que todavía vive en las antípodas de una nación moderna. Muchos nos preguntamos ingenuamente, ¿si realmente esa es la constitución que más se parece a la sociedad dominicana de hoy, o, por el contrario, es la forma en que la clase política, religiosa y empresarial nos visualizan desde sus respectivas poltronas?
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