EL GOLPE DE ESTADO AL PRESIDENTE ZELAYA

Honduras tiene una situación particular. Es uno de los últimos reductos del imperialismo norteamericano de la guerra fría que sirvió de escuela en la base militar norteamericana de Comayagua a todos las políticas militaristas que se pusieron en practica en América Latina basadas en la doctrina de la seguridad nacional Y aplicadA por Estados Unidos EN nuestros países, especialmente en Centro América y el Caribe. En ese sentido, las fuerzas armadas hondureñas gozaron siempre de independencia frente al poder ejecutivo y muchas veces eran narigoneadas por fracciones de la burguesía terrateniente y comercial de ese país vinculadas con las compañías transnacionales. En ese sentido, el poder ejecutivo devino entonces en una fuerza relativizada bajo el control de los militares y las empresas vinculadas al imperialismo norteamericano y europeo. Es por esa razón que cuando se produjo la reforma política impulsada por la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), el ejecutivo quedó con menos poder que el que tradicionalmente tenía, ya que los poderes del Estado no fueron relativizados a modo de contrapeso uno del otro, sino que por el contrario, se creó el poder electoral y se reforzaron los poderes legislativos y judiciales como si cada de esos poderes fueran islas separadas por un gran océano, quitándole así independencia al poder ejecutivo hasta para destituir un jefe militar. En medio de esa situación y frente a una burguesía terrateniente relacionada con empresas agropecuarias de capital norteamericano y con un sesgo ideológico decididamente oligárquico, el presidente Manuel Zelaya inicia un vuelco en sus relaciones políticas desde el gobierno, abriendo a su país a las nuevas corrientes del pensamiento político vigente en América Latina.

En ese contexto se produce un fuerte forcejeo de poderes con el ejecutivo con la propuesta del presidente Zelaya de que se incluyera la cuarta urna en las elecciones de noviembre y donde se pretendía consultar a la población si aceptaba o rechazaba la inclusión del referéndum en la constitución hondureña y que más tarde conduciría a una reforma constitucional. Esta propuesta, aparentemente simple, desató la cólera de los militares y los poderes legislativos, congresionales y electoral por la simple sospecha de que el presidente Zelaya estaba armando un proyecto reeleccionista al estilo Chávez, Morales o Correa que pondría en peligro, ¡valga la paradoja!, los valores democráticos tradicionales en la sociedad hondureña. Aunque en el fondo de todo este golpe de sables el problema que motivaron esas contradicciones reside en la resistencia a la perdida de poder que podría ocurrir con la reforma constitucional por parte de los poderes aludidos en este comentario.

Al día de hoy martes 30 de junio, un día después de la reunión de los mandatarios del Sistema Centro Americano (SICA) y de Río en Managua y de los pronunciamientos del presidente de Estados Unidos Barak Obama, de la Unión Europea, del Consejo Permanente de Naciones Unidas y de su secretario general Ban Kim Moon, prácticamente aíslan a Honduras del resto del mundo, más las movilizaciones populares que en estos momentos se están llevando a cabo en todo el territorio hondureño en repudio al golpe de estado, lo que se espera es que los usurpadores del poder puedan convencerse de que su aventura no prosperará, o por el contrario, a través de un fino trabajo de inteligencia o por dinámica propia, se produzcan fisuras importantes en el mando militar que facilite el lanzamiento de una campaña de contragolpe que tenga como objetivo el regreso del presidente Manuel Zelaya.